El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la precarización de lxs trabajadores de la salud.
María Eva Koutsovitis (CLIC-IPPYP)
Jonatan Baldiviezo (ODC)
Alejandro Volkind (ODC-IPPYP)
Franco Armando (IPPYP – Frente Salvador Herrera)
Magali Zirulnikoff (ODC)
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la precarización de lxs trabajadores de la salud
María Eva Koutsovitis (CLIC-IPPYP)
Jonatan Baldiviezo (ODC)
Alejandro Volkind (ODC-IPPYP)
Franco Armando (IPPYP – Frente Salvador Herrera) Magali Zirulnikoff (ODC)
1. INTRODUCCIÓN
En la mañana del 12 de junio, el enfermero Héctor Ortíz logró esquivar al personal de seguridad y en los pasillos del Hospital Durand, su hospital, logró acercarse al jefe de Gobierno. “Tenemos problemas de insumos y de enfermeros. ¿Cuándo podemos juntarnos?”, lo interrogó. Larreta, de espaldas, eligió el silencio y apuró el paso hasta perderse por los pasillos. Héctor quedó hablando sólo: “tenemos necesidades”.
Dos semanas más tarde, la advertencia ya era tragedia: su compañero Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría, en edad de riesgo y a quien habían obligado a seguir trabajando, fallecía de coronavirus y, a los pocos días, el propio Héctor daba positivo al test de Covid 19.
Desde entonces, los contagios en el Hospital crecieron exponencialmente hasta llegar casi al 20% del personal. “Desde que comenzó la pandemia, sobre 1800 trabajadores del Durand hay 350 contagiados”, asegura Héctor Ortiz, enfermero y delegado del Hospital.
Porcentaje similar se replica en el resto de los efectores de salud de la ciudad de Buenos Aires, donde sobre 37.000 trabajadores de la salud, 7246 tienen o tuvieron Covid 19[1].
2. PRIMERO LOS NEGOCIOS
El COVID-19 ya estaba instalado en la agenda pública cuando el 9 de marzo, Larreta tuiteó: “El sistema de salud de la Ciudad está preparado para prevenir y asistir casos de coronavirus”[2]. En esa línea optimista también se manifestó entonces el ministro de Salud porteño Fernán Quirós: “Hemos comprado la totalidad de los insumos para el sistema público para el próximo año completo. Eso significa que no hay ningún motivo para que en ningún lugar haya faltantes de insumos”.
Sin embargo, a los pocos días, el volumen que comenzaba a demandar la pandemia excedía por lejos la cantidad de insumos utilizada años anteriores. Algo que ya intuían todos, menos los funcionarios del área de Salud. “Si CABA tuviera un registro de talleres textiles en su órbita, - le recomendaba uno de los proveedores habituales al por entonces subsecretario Santiago Costabel- buscaría establecer contacto con los proveedores de materia prima, ver si desde el estado pueden absorber toda la materia prima que puedan, distribuiría en los talleres, y procuraría cierta producción adicional”. Y hasta se permitía darle un consejo más político: “Al mismo tiempo, activás espacios de trabajo que deben estar liquidados como parte de una política integradora, coyuntural, y con un objetivo preciso.”[3]
Por supuesto, ninguna de estas dos propuestas fue tenida en cuenta por el gobierno de la Ciudad y a finales de marzo, ya con faltantes de insumos en los hospitales, optó por el camino que más conoce: los negociados a través de contrataciones directas con empresas amigas.
Así, la emergencia sanitaria y económica le sirvió al GCBA de marco ideal para continuar con sus políticas de negocios a través de empresas intermediarias. De esta forma, firmas como GREEN SALUD, AMICIBRO, E-ZAY, DVU SAS, cuyos objetos societarios nada tenían que ver con la provisión de insumos médicos, fueron las elegidas para abastecer más de 6.300.000 barbijos[4] que no sólo tuvieron sobreprecios de más del 400% sino que se transformaron directamente en un fraude ya que las empresas terminaron entregando menos del 10% del número comprometido, estafando a los porteños económica y sanitariamente[5].
Mientras hacía negocios con estas empresas amigas, el gobierno porteño apostó a proveerse a través de la importación de 10.240.000 barbijos de China, estrategia que ató el abastecimiento de este insumo básico a los vaivenes y necesidades de la potencia oriental, quien marcó las reglas del juego según sus necesidades, -cambiando fechas de entrega y calidad de producto[6]-, y que terminaron costando casi un 50% más que lo pensado inicialmente debido al flete de 150 millones de pesos que hubo que pagar para que los barbijos llegaran un mes más tarde de lo comprometido, y en menor cantidad[7] (VER ANEXO).
Los negociados y la inoperancia tuvieron un impacto directo: durante abril los trabajadores de la salud tuvieron que recurrir a la justicia a través de más de 18 amparos para garantizarse los Elementos de Protección Personal[8]. El descuido al personal de salud quedó patente en el relevamiento que por entonces realizó la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA donde se advertía que el 83% de los hospitales y CESAC donde se atendían pacientes con covid-19 no contaban con los insumos de bioseguridad[9].
Ya en septiembre, tras 180 días de ASPO (Aislamiento social, preventivo y obligatorio), los trabajadores de la salud siguen exigiendo Elementos de Protección Personal en cantidad y, sobre todo, calidad para seguir en la primera línea de atención.
3. SI NO LO TESTEO, NO LO CUENTO
El otro reclamo fundamental que vienen haciendo desde un inicio es el de testeos regulares al personal de salud. “Larreta prefiere no testear a tener que admitir que el 50% del personal de salud tiene COVID-19”, aseguraba a mediados de junio la enfermera del Durand Viviana Gulart[10]. A la falta de tests, se suma la desconfianza frente a los pocos que se realizan. Magalí Z, compañera de Claudio, también enfermero del Durand, explica: “Mi marido se hizo el test un viernes en el Hospital, y aunque ya tenía síntomas, le dio negativo. Dos días más tarde le hicieron el hisopado por la Obra Social y le dio positivo”. Su caso, comenta, no es el único. Esta falta de testeos derivó en un crecimiento de contagios del personal de salud, que terminó extendiéndose a sus propias familias. En el caso de Claudio, a Magalí, su compañera y a su beba de dos meses.
¿Cómo actuó el gobierno porteño frente a este tema? Con la misma pericia que con los barbijos. Eligió por contratación directa a HN SINGAPORE PTE LTD[11], una empresa sin página web oficial ni domicilio fiscal claro en la Argentina y cuyo objeto es el “comercio al por mayor de una variedad de productos, sin ninguno dominante”, como proveedora de 300.000 tests inmediatos para identificación de anticuerpos de COVID-19 y le pagó por adelantado el 100% del valor -USD 1.770.000- a condición de que los tests arribaran al aeropuerto de Ezeiza el 27 de abril[12].
Los contratiempos llegaron antes de lo previsto. A un día de haber recibido el millón setecientos mil dólares, Nicholas Eng, representante de HN Singapore anunció que, debido a “regulaciones del gobierno chino”, únicamente permitían exportar los tests con packaging en inglés y no en chino como había sido acordado en la compra ya pagada. El doblaje al inglés terminó encareciendo el producto a un nivel tal que, por el valor ya transferido, el gobierno porteño ahora recibiría sólo 182.475 tests en lugar de los 300.000 originalmente solicitados y abonados por adelantado.
Ahora sí, el acuerdo parecía caminar firme. Sin embargo, a los pocos días, la empresa le solicitaba al gobierno porteño un pedido un tanto arriesgado: que firme una carta de compromiso donde renunciaba a hacer cualquier demanda si los tests fallaban.
Finalmente, y pese a haber cumplido todos los requisitos exigidos, el 22 de mayo el GCBA decidió rescindir el contrato debido a que, “luego de casi dos meses de iniciada las gestiones de compra, HN Singapore no ha precisado fecha cierta de entrega de los bienes en cuestión, ni ha dado certezas acerca de su efectivo arribo en el corto plazo”.
Por ello, exigió la devolución del 100% del monto pagado, más un 10% adicional como penalidad. Sin embargo, pese a que el reclamo estaba contemplado en el contrato, la empresa sólo devolvió el 85% del dinero depositado. El GCBA perdió hasta ahora 436 mil dólares.
Recién entonces, con los trabajadores de la salud contagiándose en proporciones cada vez mayores y privados de tener tests en las cantidades necesarias, el GCBA comenzó la búsqueda de otra empresa proveedora y el 27 de mayo decidió adquirir 300 mil tests por un monto de 231.957.000 pesos a la empresa coreana SD Biosensor Inc.[13], de los cuales al menos 20 mil resultaron defectuosos[14].
En este lapso, científicos argentinos de la Fundación Instituto Leloir y del Conicet desarrollaron el test serológico “CovidarIgG” producido íntegramente en el país, pero esa información, parece, nunca pasó por la cabeza del alcalde Larreta ni por la de sus funcionarios, empecinados siempre en hacer buenos negocios.
4. PERSONAL DESCARTABLE
Virginia Viravica era enfermera del Hospital Durand. Tenía 61 años, diabetes tipo 2, y trabajaba con pacientes con coronavirus. Como el sueldo no le alcanzaba, lo complementaba con módulos que se pagan 70 pesos la hora. Sobrecargada de trabajo, se contagió de Covid, transformándose el 21 de agosto en la tercera trabajadora de salud del Hospital en perder la vida a causa del Coronavirus. Virginia, al igual que tantos enfermeros y enfermeras, murió sin ser considerada por Larreta profesional de la salud.
La historia de Virginia no es una excepción sino la regla. En la Ciudad, el sistema de salud se estructura sobre la precarización laboral y la negación de derechos a quienes lo sostienen.
En la Ciudad, el sistema de salud se estructura sobre la precarización laboral y la negación de derechos a quienes lo sostienen: lxs enfermerxs, por ejemplo, ni siquiera son considerados por el Gobierno de Larreta trabajadores de la salud sino personal administrativo[15], con lo cual cobran salarios que rondan los 30 mil pesos (“$20.000 por debajo del resto de profesionales de salud con titulación equivalente”)
Como ese monto no alcanza para llegar a fin de mes, realizan otras 140 hs extras denominadas módulos. Sin embargo, en vez de cobrar el doble de sueldo, no llegan a superar los 55 mil pesos. “Las horas extra son las más miserables que hay porque las pagan 70 pesos la hora. En vez de duplicar tu sueldo, sumas 10 mil pesos más. Nos exponen doblemente al virus, y así nos enfermamos”, explica Héctor Ortiz.
“Desde marzo que estamos cobrando casi lo mismo. Por eso no viene la gente experimentada a trabajar. Un sueldo miserable, cuando el privado te está ofreciendo 70 mil, que es lo que corresponde”.
El otro sostén del sistema de salud son las y los médicos que están haciendo sus residencias, quienes también cargan con jornadas promedio de 70 horas semanales por salarios que están por debajo de la canasta familiar.
Su rol en la pandemia es clave: “El 78% está a cargo de las salas de guardia y un 47% a cargo de las guardias de UTI. “Estas guardias en su mayoría son trabajo no pago: 85% en sala y 56% en UTI”, denuncian. En un preciso informe elaborado en julio, le ponen números a la superexplotación que están sufriendo: “estamos expuestos a una sobrecarga laboral ya que solo se incorporó personal en un 61% en sala y en un 50% en UTI y la demanda se incrementó exponencialmente”[16].
¿Cómo retribuye este esfuerzo el gobierno porteño? Dejándolos en la calle. “Uno de los reclamos más urgentes que tenemos es el pase a planta de los y las compañeras que egresan este año, que son más de 1000 que están laburando a pleno en jornadas larguísimas con guardias que no se pagan y que cuando la pandemia termine van a quedar sin laburo”, asegura Mayra, residente del Hospital Argerich.
Preocupación similar tienen lxs 3000 enfermerxs incorporadxs durante la pandemia cuyo contrato temporario vence en diciembre. El mensaje parece claro: sin pandemia en agenda, el sistema de salud público vuelve a terapia intensiva. Foto: Lina Etchesuri
5. ACOSTADOS
Una de las principales medidas anunciadas por el GCBA para aumentar la capacidad del Sistema de Salud fue la incorporación de 300 de camas de Terapia Intensiva (UTI). Desde abril, el gobierno de la Ciudad asegura que el sistema de salud público cuenta con 450 camas UTI y que actualmente, hay menos de 280 ocupadas.
Sin embargo, un relevamiento realizado por la Asamblea de Residentes y Concurrentes advierte que las camas UTI son 274 y no 450. “Viendo hospital por hospital - explica Rocío Rodríguez, profesional del Hospital Ferrer y una de las referentes de la Asamblea de Residentes [17]- vimos que no cuentan camas reales sino respiradores. Son un insumo muy necesario pero mucho más necesario es el recurso humano para cuidados intensivos que es con lo que no cuentan”. La aclaración permite dimensionar que el porcentaje de ocupación real es mayor que el que se admite.
Datos similares fueron aportados por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), quienes realizan dos informes semanales para seguir el pulso de este indicador clave. "De un total de 651 camas UTI (evaluadas) se observó una tasa de ocupación del 89%, el 52% con pacientes covid-19", se puede leer en el informe de la SATI basado en un relevamiento realizado el 1 de septiembre en 29 centros de salud privados y públicos de la Ciudad de Buenos Aires[18]. El dato diferencial del informe es la inclusión del sector privado, el cual pese a tener 745 camas UTI y representar el 69% de las instituciones con internación existentes en la Ciudad[19], no es incluido en el reporte oficial que diariamente difunde el ministerio de Salud de la Nación.
Al respecto, la SATI asegura que "en el sector público, representado por 214 camas UTI, la tasa de ocupación fue del 87 por ciento", mientras que, en el sector privado, "representado por 437 camas UTI, la tasa fue del 89%".
Los porcentajes, aportados por quienes están en la primera línea en la pelea contra el virus, hablan de un sistema de salud que lejos del relato que difunde el gobierno, está en una fase crítica. A comienzos de septiembre, se produjo el primer signo de colapso del sistema sanitario, cuando una paciente de 87 años que necesitaba cama de terapia intensiva no pudo atenderse en el Hospital Vélez Sarsfield del barrio de Monte Castro, debido a que no había ninguna cama disponible[20]
6. INFRAESTRUCTURA
En los últimos 12 años de gobierno PRO no se ha construido un nuevo hospital en la Ciudad y ni siquiera esta pandemia histórica pudo alterar esta lamentable estadística.
Necesidades y proyectos para resolverlas, sobran:
- En la Comuna 1, organizaciones sociales y vecinales (entre ellas, Urbana Te Vé, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria, IPYPP, etc.) exigen la creación de un Centro de Atención Primaria de Diagnóstico y Tratamiento cuya propuesta es que se denomine Hospital Padre Carlos Mugica, que estaría ubicado frente a la Terminal de ómnibus de Retiro. Actualmente habitan en el Barrio Carlos Mugica alrededor de 40.200 personas, según un relevamiento oficial. Según los habitantes del Barrio habría alrededor de 60 mil personas viviendo allí. Al menos el 68,8% de los hogares se encuentra bajo la Línea de la Pobreza[21]. En mayo, el 31% de los casos de COVID estaban concentrados en la Villa 31 (Barrio Carlos Mugica), donde en sólo dos semanas, los contagios aumentaron un 992%.
El proyecto, presentado en la Legislatura, contaría con servicios de urgencia y solo espera una decisión política para realizarse. Antes, claro, se deben frenar los negocios inmobiliarios en estas tierras públicas. En 2019, se intentó subastar a privados el predio donde debería construirse el Hospital.
- En la Comuna 8, que incluye los barrios de Villa Soldati (actualmente con la mayor tasa de Covid por habitante de toda la Ciudad), Villa Lugano[22] (barrio que concentra el 7% de los casos de toda CABA) y Villa Riachuelo, el hospital Cecilia Grierson está frenado y en junio de este año tuvo que intervenir la justicia para que el gobierno reactivara las obras[23].
El Hospital Cecilia Grierson, también conocido como el Hospital de Lugano, debió estar terminado hace 15 años, cuando el GCBA fue condenado en la justicia a construir el hospital creado por la Ley N° 1.769 (2005) respetando las 250 camas[24]. Pero hasta el momento, sólo se inauguró el Centro de Salud Integral Cecilia Grierson en el año 2009.
Tras 14 años desde la primera sentencia para que se construyera el Hospital, el Gobierno porteño aún no ha concluido la construcción del mencionado nosocomio. El área Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preveía pasos: la finalización de la etapa 2 e inicio de la etapa 3 en enero de este año, 2020. Además, estaban pautadas la construcción de quirófanos y la conclusión trabajos exteriores. Sin embargo, en la audiencia pública para evaluar la marcha de las obras pendientes en el Hospital, los funcionarios no pudieron precisar la fecha del comienzo de las licitaciones para dar comienzo a las obras pautadas en la etapa 3, etapa que contempla la construcción del sector de internaciones con 150 camas[25].
Pese a lo declarado en la audiencia, dos semanas más tarde, el gobierno decidió por decreto que el Cecilia Grierson dejó de ser un Centro de Salud integral y pasó a ser un Hospital público[26]. Mientras tanto, los 200 mil habitantes de la Comuna, siguen contando con siete camas de internación, de las 100 que debería tener el nosocomio, y se preguntan: ¿Si el Grierson es un Hospital, por qué se utiliza la escuela de al lado para realizar los hisopados del Plan Detectar?[27]
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7. CIERRE
La gestión de esta pandemia a manos del GCBA es la historia de una estafa.
Los 180 días transcurridos no permitieron jerarquizar al personal de salud, ni invertir y acrecentar la infraestructura, ni permitir un desarrollo sostenible de producción de insumos que garantice abastecimiento continuo en una pandemia que vino para quedarse.
Por el contrario, en este lapso se profundizó el maltrato a quienes están en la primera fila en la pelea contra el virus, realizando contrataciones temporarias de más de 3000 enfermeros que deberían pasar a formar parte de las Plantas permanentes de los hospitales, adeudando los salarios de los enfermeros que están en el operativo PosDetectar[28], y congelando el sueldo de los trabajadores de la salud, con la excusa de la caída en la recaudación producto del parate económico generado por la pandemia, pese a que Presupuesto hay, como quedó demostrado en la rendición de cuentas semestral, (donde de los 109 mil millones de pesos estipulados en el Presupuesto 2020 para remuneraciones del personal de la Ciudad en el primer semestre, se ejecutaron únicamente 92 mil millones).[29]
Peor aún, ni siquiera estos ajustes derivaron en un refuerzo al sistema sanitario. El presupuesto del Ministerio de Salud proyectó un gasto en 2020 de 73 mil millones de pesos, y lleva ejecutado al primer semestre unos 36 mil millones, casi el 50%. Es decir, se gastó únicamente lo presupuestado.
En la ciudad de Larreta no hubo agenda para el coronavirus. Ni siquiera una pandemia histórica como la que vivimos logró trastocar sus prioridades históricas: la venta de tierras y el negocio de las intermediarias con el Estado.
La legislatura sólo funcionó para avanzar en la subasta del patrimonio público y el negocio inmobiliario. Ninguno de los más de 300 proyectos que presentó la oposición para intentar atender las verdaderas urgencias que requiere la pandemia fueron tratados en el recinto. No hubo ayudas económicas a quienes necesitaban (ni IFE ni ATP) aun cuando la propia Dirección de Estadísticas y Censos porteña reconoce que durante el segundo trimestre de este año 48.201 hogares no tuvieron ingresos en la Ciudad, exhibiendo un incremento muy importante respecto a igual trimestre del año anterior (9.655).[30]
Tampoco se reconocieron salarialmente y con plenos derechos laborales a las más de 4500 trabajadoras comunitarias esenciales: cocineras, promotoras de salud, promotoras sanitarias, promotoras de género, quienes gestionan sin derechos y sin recursos las políticas públicas en los barrios humildes y hoy gestionan en la primera línea la pandemia.
El lunes 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, lxs enfermerxs de la Ciudad, los que están en la primera línea y son personal esencial en esta pandemia, se movilizaron a la Legislatura para reclamar algo tan básico cómo ser considerados profesionales de la salud. En lugar del reconocimiento a su reclamo y fueron reprimidos. Larreta les respondió con palos, pero el maltrato comenzó hace tiempo.
Larreta tiene superpoderes hasta diciembre. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía la frase, y está claro que Larreta no la tiene, al menos, con quienes habitamos y vivimos en la Ciudad. Tal vez es hora de utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para definir adonde se destinan los recursos que día a día producimos y nos son negados.
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ANEXO
EL NEGOCIO DE LA CRISIS SANITARIA
1. CONTRATACIÓN a la empresa E-ZAY S.R.L. por 340 millones de pesos.
El 30 de marzo de 2020, a través de la Resolución N° 87/2020 se aprobó la Contratación Directa a la firma E-ZAY S.R.L (CUIT Nº30-714759889-2) para comprarle 5 millones de barbijos por un monto total de $ 340 millones de pesos, es decir que el precio por unidad fue de $68 pesos.
La empresa E-ZAY S.R.L. fue fundada en 2015 y, más allá de su objeto social –“Comercialización, distribución, importación, exportación de equipos informáticos”- el resto es un misterio: No posee página web, ni redes sociales y los teléfonos de contacto que aparecen en el expediente no pertenecen a un abonado en servicio.
De insumos médicos, ni una sola palabra. Sin embargo, fue la empresa elegida para una de las compras más importantes de insumos médicos: 5 millones de barbijos tricapa de uso médico. En la contratación directa, es decir, que el GCBA la eligió especialmente para esta tarea, la empresa reconocía que era una intermediaria que compraría los barbijos a la empresa Dimex, verdadera fabricante de esos insumos[31]. La misma semana la empresa Dimex (razón social Cinmor S.R.L.), fabricante de insumos médicos, le vendió al GCBA el mismo tipo de barbijos a $35.
El 2 de abril, dos días más tarde de haber adjudicado la Contratación Directa, el GCBA transfirió $162.350.000 como anticipo de pago a E-ZAY, es decir, el 50% de la orden de compra.
La firma propuso como cronograma tres entregas por un millón y medio de barbijos cada 7 o 9 días, más entrega final de 500.000 barbijos. Sin embargo, según la Ciudad, E-ZAY entregó sólo 350.000 barbijos en dos veces[32].
En la cuenta bancaria donde ingresaron los $162 millones, quedan apenas $2 millones. El resto del dinero se escurrió a través de unas 40 transferencias, asegura Infobae. La Justicia logró congelar $60 millones depositados en una cuenta bancaria, pudo saber Infobae en fuentes judiciales.
2. CONTRATACIÓN a la empresa AMICIBRO por 77 millones de pesos
Tres días más tarde, la situación se volvió a repetir, pero con la empresa Amicibro y con un precio mayor.
Al igual que en el caso de E Zay, el objeto social de la empresa es la “Industrialización, comercialización, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos o electrónicos, en especial de computación”. Otra coincidencia: en el expediente electrónico, la empresa reconoce que es una intermediaria que comprará los barbijos a la empresa Dimex (cuya razón social es CinMor S.R.L.).
Hubiese sido muy productivo poder consultarle a la empresa el repentino interés en los insumos médicos, pero contactarse con Amicibro SRL fue imposible: la página web está en construcción, no posee redes sociales y los teléfonos de contacto que aparecen en el expediente no pertenecen a un abonado en servicio.
En la contratación, la empresa AMICIBRO aseguraba que la disponibilidad de los barbijos era inmediata y que la entrega podía repartirse en cuatro tandas consecutivas cada 72 horas hábiles de 250.000 unidades por un importe de $19.250.000, previendo como forma de pago la transferencia bancaria en un plazo de 48 horas hábiles posteriores a la entrega de la mercadería, o dos entregas consecutivas cada 72 horas hábiles de 500.000 unidades por un importe de $38.500.000, estipulando un adelanto del 50% a través de cheque y el 50% restante por transferencia bancaria en un plazo de 48 horas hábiles posteriores a la entrega de la mercadería.
Sin embargo, el 6 de abril AMICIBRO entregó 24.000 barbijos por un monto de $1.848.000[34] y un día más tarde entregó 60.000 barbijos más, por un monto de 4.620.000[35], es decir 84 mil barbijos en vez de los 250.000 comprometidos.
Dos semanas más tarde, el 20 de abril se le pide a la empresa que informe si iba a cumplir con las entregas adeudadas en dicha semana y la misma contesta manifestando que pretendía realizar un cambio de marca para poder seguir entregando sin dar otro detalle respecto a dicha solicitud.
El 22 de abril, ante el evidente incumplimiento, se intima a la empresa a entregar los faltantes[36].
El 5 de mayo, Germán Santangelo, presidente de AMICIBRO, solicitó una prórroga para la entrega hasta el 14 de mayo[37].
Finalmente, el jueves 21 de mayo, el GCBA rescinde parcialmente la Orden de Compra N° 22466 conforme lo dispuesto en el artículo 120 y 129 de la ley 2095 y su decreto reglamentario, sin penalidades para la empresa. El 5 de junio se publica la rescisión en el Boletín Oficial[38].
3.CONTRATACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA DIMEX para la compra de BARBIJOS
El 6 de abril el GCBA aprobó y adjudicó la Contratación Directa N° 2165-SIGAF/20[14] a la empresa Dimex para la compra de 3 millones 400 mil barbijos por un monto total de $ 119 millones de pesos, es decir a $35 pesos cada uno.
Sin embargo, en el propio Parte de Recepción Definitiva sólo aparecen facturados los siguientes montos[39]:
