Larreta gasta 52 millones en equipamiento antidisturbios "para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia"
Informe realizado por:
✅ Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind), ✅ Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPYPP CABA (Ing. María Eva Koutsivitis), ✅ Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando), ✅ CTA – Capital (Pablo Spataro ✅ Unidad Popular (Claudio Lozano).
El 3 de abril de 2020, se firmó la RESOLUCIÓN N.° 69/SSGA/20 del Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, Sr. Pérez Lorgueilleux, (BO 8/04/2020).
En esta Resolución, el Subsecretario aprobó la Contratación Directa N° 2009/SIGAF/2020[1] convocada para la adquisición de equipamiento antidisturbios.
La contratación se adjudicó a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado por el monto de $52.765.291 millones de pesos para la compra de cientos de miles de Cartuchos anti tumulto, miles de granadas.
La División de Armamento, Munición y Explosivos solicitó, el 25 de marzo, la urgente provisión del material antidisturbios para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
La solicitud fue la siguiente:
Fabricaciones Militares respondió que tenían en stock mucho menos de lo solicitado por el GCBA detallando un listado que es lo que se terminó comprando.
A pesar de que se aprobó la contratación directa el 3 de abril, los materiales fueron recibidos con fecha 27 de marzo (dos días después de que el pedido fue solicitado internamente) porque no se podía demorar por la emergencia pública en materia sanitaria.
Por ejemplo:
A. No garantiza barbijos ni elementos de protección a los/as trabajadores/as de tareas esenciales. Los/as trabajadores/as de la salud están obligados por las circunstancias a recurrir a la Justicia para que ordene al GCBA a brindarles Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para enfrentar la pandemia del Coronavirus Covid-19.
B. No garantiza adecuadamente la comida para los estudiantes de escuelas públicas. El GCBA decidió que no cumplirá con la orden judicial de la Justicia que establecía que debían mejorar la canasta nutritiva escolar[2]. La sentencia le advirtió al Gobierno que las Canastas entregadas la semana pasada incumplían todos los puntos de la ley de alimentación escolar y que la emergencia sanitaria no es excusa para incumplir con la ley. El GCBA ajusta en la alimentación de la niñez pagando el doble del precio minorista por los alimentos que las concesionarias entregan a las escuelas[3].
C. No garantiza los insumos básicos para la educación a distancia. En una entrevista radial, Rodríguez Larreta expresó que era complicado entregar computadoras al alumnado porteño para colaborar con la educación a distancia y que prefería que las computadoras portátiles del gobierno se queden en las escuelas sin ser usadas. También reconoció que hay muchos que no tienen internet como algo inevitable. En definitiva, el GCBA no va a destinar un peso para ayudar con la conectividad (computadoras, internet, etc.) de aquellos que no cuenten con estos elementos.
D. No garantiza el acceso al agua potable a 400 mil personas, insumo básico para la prevención del COVID 19. El GCBA no está llevando agua potable para las 400 mil personas que habitan los Barrios Populares de la ciudad y que ameritó que se presente una acción de amparo[4].