Por Jonatan Emanuel Baldiviezo
Después de la muerte de jóvenes, intoxicados con drogas de diseño, en una fiesta electrónica en Costa Salguero, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad refieren las denuncias y disputas por el tema de la gestión de las tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires.
Lamentablemente, en nuestra cultura política resulta necesario que pase una tragedia para que se ponga en foco el sistema de controles del GCBA respecto de las habilitaciones e ingrese en la agenda pública la gestión de la tierra pública, particularmente la explotación a través de concesiones. Existen casos que constituyeron puntos de inflexión como ?Cromañón?, ?Beara? y ahora la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero.
Las denuncias públicas de las ilegalidades respecto de la concesión del Complejo Costa Salguero no surgen ahora a raíz de la muerte de seis jóvenes en esta fiesta. Al contrario, se vienen realizando por distintos sectores de la ciudadanía y de las instituciones públicas (organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, diputados, organismos de control del GCBA) desde hace más de una década, con total ajenidad al oportunismo político y con independencia del partido político que se encuentra gobernando. Hasta ahora, estas denuncias no fueron consideradas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad e incluso respondió a las órdenes judiciales con todos los artilugios legales para no cumplir con las irregularidades e ilegalidades que la Justicia viene reconociendo.
De ilegalidades y connivencias
La concesión del Complejo de Costa Salguero es el caso por antonomasia de las concesiones ilegales y de las explotaciones comerciales y lucrativas sin control por parte del gobierno. En cada una de las dimensiones que podría evaluarse se encuentran ilegalidades y connivencias entre empresarios y funcionarios públicos.
En principio, ninguna de las actuales instalaciones existentes en el predio de alrededor de 17 hectáreas debió existir. La concesión otorgada por la Autoridad General de Puertos a la sociedad anónima Telemetrix en 1992 fue para construir allí un complejo polideportivo. Un objeto totalmente alejado a los hoteles, confiterías, oficinas comerciales, boliches, centros de exposiciones, estacionamientos, etc., que actualmente existen en el predio. El Estado Nacional nunca controló el incumplimiento del objeto de la Concesión ni tampoco el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) cuando las tierras pasaron a su propiedad. Estos edificios se construyeron sin contar con los permisos de obra que el GCBA exige a cualquier habitante de la Ciudad hasta para construir una pieza más. Acá se urbanizaron aproximadamente 17 manzanas.
Luego, tampoco el GCBA dio las habilitaciones para que estos edificios pudieran explotarse comercialmente. Hasta 2010 no contaron con las habilitaciones de seguridad y salubridad ni con los permisos ambientales para el ejercicio de dichas actividades comerciales. Después de una orden judicial del Juez Roberto Gallardo, que clausuró varios locales en Costa Salguero, el GCBA otorgó, a los días de la clausura, habilitación permanente a todos los locales salvo a los pabellones. Estos siguen funcionando con autorizaciones individuales ad-hoc. Una celeridad y diligencia excepcionalmente vista por parte de la Administración. Pero acá tampoco los funcionarios advirtieron que, con respecto a esos predios, la Legislatura de la Ciudad y la Constitución de la Ciudad determinaron que debían ser grandes parques (poseen zonificación UP ? Urbanización Parque). Está prohibido autorizar actividades comerciales que no sean compatibles con espacios verdes, por lo tanto estas habilitaciones no respetan el Código de Planeamiento Urbano.
Cuando lo público se privatiza
Por último, ¿cuál es el rédito económico de la Ciudad por concesionar 17 hectáreas?: la percepción de un canon irrisorio, $ 263.576 por mes. Es decir, el GCBA está cobrando $ 1,5 por m2 por mes. Un canon en extremo barato si comparamos que en la zona más cercana se está pagando por el alquiler de 1m2 desde $ 160 a $250. La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece.
Podría pensarse que la tolerancia a todas estas ilegalidades constituye simplemente una falta de control o interés por parte de los funcionarios. Pero esto no es así: forma parte de una práctica sistemática de aprovechamiento de lo que es público por parte de empresarios con la venia consciente de los funcionarios de gobierno. Práctica que no está presente sólo en el caso de Costa Salguero, sino en innumerables concesiones de la Ciudad, hasta el punto que una fiscal declaró la existencia de una asociación ilícita en el área de concesiones.
En el caso puntual de Costa Salguero, los estrechos vínculos entre las empresas concesionarias y subconcesionarias con el PRO son evidentes y públicos, y son la razón para que estas ilegalidades continúen. Costa Salguero ha funcionado como bunker electoral en cada campaña del Pro, allí realizó el festejo de su último casamiento nuestro actual presidente Mauricio Macri, y el esposo de Carmen Polledo (vicepresidenta primera de la Legislatura de la Ciudad) integra el directorio de la sociedad anónima Costa Salguero S.A. que sub-concesiones los pabellones donde se realizó la fiesta electrónica marco de las muerte de estos jóvenes.
¿Esta tragedia está generando un replanteo en el actual GCBA? Todo indica que no. A cuatro días de este hecho lamentable y triste, a impulso del PRO avanza en la Legislatura porteña la creación de un Distrito Joven, una ley hecha a medida de los empresarios que durante décadas en forma también ilegal han explotado locales bailables y gastronómicos en la Costanera Norte sobre terrenos destinados para parques o para vía pública. Por ejemplo, el boliche Pacha se encuentra en medio del Parque de las Américas. Por si fuera poco, el año pasado se concesionó este boliche a Dell Producciones S.A., la misma empresa que organizó la fiesta ?Time Warp? cuyo presidente tiene orden de detención. El restaurante Rodizzio ocupa el camino de ribera, que es una calle o paseo público.
Las conductas funcionarios públicos que actualmente nos gobiernan están destinadas a ver cómo subsanar o soslayar ilegalidades para tranquilidad de los negocios privados en detrimento de lo público, y también en detrimento de la seguridad de los jóvenes.