01.09.14
A una semana del desalojo del Barrio Papa Francisco, un nuevo desalojo violento en el predio y otro acampe de familias que no tienen dónde vivir.
Luego del desalojo del 23 de agosto, apareció una triangulación conflictiva entre la Policía Metropolitana, el Secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni y la Jueza Penal y Contravencional de la Ciudad, López Iñiguez. En un principio, Berni descargó toda la responsabilidad del desalojo sobre la Ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez -un relato inverosímil-. Una especie de protección del candidato frente a las denuncias de represión.
Luego de afirmar que el predio había sido desalojado en su totalidad, la jueza López Iñiguez tuvo que salir a acusar a la Metropolitana por no desalojar una franja del predio ubicada detrás del terreno ocupado por la policía federal. La sorpresa de la jueza se debió a que, justamente, la parte del predio dónde los fiscales y la policía habían informado que se encontraban las bandas paraguayas no había sido tocado durante el desalojo. En este sector del predio se encontraban viviendo alrededor de cien familias que eran atormentadas por las bandas. Desde el desalojo, estas bandas habían expulsado del predio a cuatro familias que fueron a vivir al acampe sobre las plazoletas de la Av. Fernández de la Cruz creado después del 23 de agosto.
La Metropolitana desalojó violentamente a las familias con necesidades extremas y no a las bandas narcos. Incluso después del acto, las familias que no fueron desalojadas y que continuaron denunciando la presencia de bandas y pidiendo protección no fueron escuchadas. El día jueves se dictó una nueva orden de desalojo a fin de terminar la tarea. Berni salió a denunciar que la Policía Metropolitana no estaba cumpliendo la decisión judicial.
Mientras se sucedían estas acusaciones cruzadas, habitantes de la Villa 20 y familias desalojadas se presentaron ante la Justicia en Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad para, por un lado, exigir que se urbanice la totalidad de la Villa 20 en cumplimiento de las leyes de urbanización del Barrio. Por otro lado, que se garantice una solución habitacional hasta la ejecución de la urbanización a las familias desalojadas del Barrio Papa Francisco. La Jueza Elena Liberatori, el día viernes por la tarde, dictó sentencia cautelar ordenando la inmediata urbanización de la Villa 20 y la asignación de el presupuesto necesario para que las obras se ejecuten dando plazo hasta el 10 de diciembre de 2015.
El mismo día a la noche, las familias desalojadas convocaron a una asamblea para informar sobre el fallo y coordinar acciones. Durante la misma, integrantes de estas bandas se acercaron para impulsar una nueva ocupación del predio. La asamblea rechazó la propuesta en forma absoluta e inmediata. Pensaron que era algún artilugio para terminar perjudicándolos aún más y así fue.
Alrededor de las 11 pm del viernes, estas bandas ingresaron al predio, se tirotearon con la Metropolitana durante dos horas y prendieron fuego varios tractores. Policías fueron heridos y hubo detenidos. Esta situación fue el contexto exculpatorio perfecto que encontró la Metropolitana para desalojar la franja que había permanecido del desalojo anterior. La metropolitana empezó a disparar con balas de goma y gases a todas las familias sin cuidado ni discreción. Esta vez no se golpeó a mujeres y niños sino que se los hirió con balas de goma. El anterior desalojo fue a la luz del día como exigen las leyes y, por lo menos, con un magro operativo de contención social. Este desalojo fue después de la medianoche, con las manzanas cercanas de la Villa sin luz y las familias fueron abandonadas en los pasillos y calles, sin la presencia de ninguna autoridad que verifique el accionar de la policía. La metropolitana también ingresó a las casas de las villas por la fuerza y deteniendo a personas sin razón. El centenar de familias formaron un nuevo acampe en las veredas que están entre la manzana 30 de la Villa 20 y el sector del predio desalojado, al día siguiente.
Las casualidades en estos contextos avalan las suposiciones de ser hechos armados. Justo el día que la justicia ordenó la urbanización de la Villa 20 una banda intentó ocupar un predio desalojado sin ninguna oportunidad de éxito. Los medios reflejan que las familias desalojadas quisieron volver a ocupar. La realidad es que los responsables son las mafias que la policía nunca quiso desmantelar ni desalojar aun siendo denunciadas. No se habla de que hay familias acampando en situación de calle que hace una semana peticionan por vivienda ni de la brutal razzia cometida por la Metropolitana.
Y el ámbito político ¿qué soluciones habitacionales está discutiendo o ejecutando? El primer lunes después del desalojo se trató en la Comisión de Vivienda de la Legislatura el proyecto de ley para urbanizar el Barrio Papa Francisco y la Villa 20, varios meses de haber sido presentado. Los asesores del Pro no quisieron tratar el proyecto ni escuchar a los arquitectos que lo habían diseñado con participación de las familias. El Bloque kirchnerista acusó a UNEN por no querer firmar el pedido de una sesión especial para tratar proyectos relacionados al desalojo y al Barrio Papa Francisco. Pero no era necesario contar con las firmas de UNEN para convocar una sesión especial y el kirchnerismo no hizo ni el intento de buscar las veinte firmas necesarias.
UNEN convocó a una conferencia de prensa para manifestar su posición y mostrándose preocupados por la situación de las familias el viernes siguiente. Como siempre en los hechos se detecta a los cínicos. El presidente de la Comisión de Vivienda, Javier Gentilini, de Proyecto Sur-UNEN, convocó a reunión de diputados para el lunes que le siguió a las 15 hs. Solamente pondría en tratamiento proyectos de resoluciones y declaraciones y ninguno de ellos cambiaría sustancialmente las necesidades de las familias desalojadas. Gentilini rechaza poner en tratamiento el único proyecto de ley presentado que versa sobre la urbanización del Barrio Papa Francisco como sobre el otorgamiento de solución habitacional transitoria para las familias desalojadas.
Y ahora que el predio está desalojado, ¿avanza la urbanización y la remediación de los suelos? La Agencia de Protección Ambiental (APrA), la máxima autoridad ambiental del GCBA, contrató a la Fundación Green Cross para la realización de un estudio de suelos en el año 2013. Para su realización pagó $1.370.000. El informe final fue presentado en septiembre de ese mismo año. La Fundación Green Cross realizó una serie de recomendaciones en el informe que los técnicos del Departamento de Sitios Contaminados de APrA encontraron importantes realizar ?lo habían dejado registrado en una comunicación interna de fecha 11 de octubre del mismo año-.
Las recomendaciones estaban relacionadas con la necesidad de hacer estudios que analicen otros elementos químicos como los BTEX -benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos-, hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como el mercurio. Además de la ejecución de un monitoreo adicional de agua subterráneas. En definitiva, el APrA contrató de tal forma para que el estudio resulte inútil e insuficiente para iniciar la remediación de los suelos. No sólo se malgastó más de un millón de pesos sino que también se perdieron meses que implican una demora para las miles de personas que pretenden acceder a una vivienda.
El APrA y el GCBA sabían que este estudio realizado por Green Cross era insuficiente y así lo manifestaron en marzo a la justicia. Pero no lo comunicaron públicamente ni realizaron un nuevo estudio mientras el predio estaba libre el año pasado.
Por otra parte, el presidente del APrA, Sr. Villalonga, afirmó que este nuevo diagnóstico va a estar completo en 90 días[1]. Pero de acuerdo al tiempo de ejecución del Plan de Remediación presentado en la justicia, el diagnóstico completo estará en 6 meses y todo el trabajo de remediación, en 18 meses. Villalonga no salió a explicar por qué el APrA contrató la realización de un estudio cuyo resultado es inútil ni hizo referencia a estar investigando a los responsables.
Estudios de suelo que deben rehacerse, legisladores que muestran preocupación a la prensa mientras que en sus actuaciones legislativas no desean tratar soluciones para las familias que están en la calle y fuerzas de seguridad que balean a niños y mujeres y no se ocupan de las bandas de narcos: son enseñanzas del cinismo político.
[1] http://www.clarin.com/ciudades/Lugano-limpian-predio-desalojaron-acampe_0_1200480063.html